Malos presagios para el optimismo del Gobierno

Mayores tipos de interés, inflación y subidas de impuestos: la tormenta perfecta que llegará a España en 2023

Tipos de interés, inflación y subidas de impuestos: la tormenta perfecta que llegará a España en 2023
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Mayores tipos de interés, una inflación que todavía puede repuntar durante el primer semestre y el efecto letal de las subidas de impuestos sobre la actividad económica. Estas son las tres amenazas que se ciernen sobre la economía española en 2023, configurando una suerte de tormenta perfecta que puede dar al traste con el optimismo que rebosa el Gobierno sobre la evolución de la coyuntura y que, según demuestran los datos, parece muy poco justificado.

En lo que respecta a los tipos de interés, el Banco Central Europeo ya ha anunciado su voluntad inequívoca de continuar subiendo el precio del dinero al menos hasta junio: hasta que se perciba con claridad que la inflación, que ahora está en media europea en el entorno del 9,2%, se desacelera de forma clara de cara a alcanzar lo antes posible el objetivo del 2%, del que está dramáticamente alejado. Actualmente, y tras las últimas subidas, el tipo de interés de referencia está situado en el 2,5%, pero las fuentes consultadas por OKDIARIO no descartan colocarlo en el entorno del 5% en junio a fin de cortar de raíz la escalada de los precios.

Por otra parte, la política monetaria de este año cuenta con otra novedad a la que hasta ahora se ha prestado poca atención, y que es la determinación del BCE de descompresionar su balance, es decir, el volumen de bonos públicos acumulados en su cartera a lo largo de la crisis de la pandemia y durante la guerra de Ucrania, y que sobrepasan los 4 billones. El BCE quiere reducir su balance en torno al 30-35% a medio plazo, lo que se traduce en que dejará de atender los vencimientos de los bonos en su poder y obligará a los gobiernos más endeudados, y especialmente al español, a acudir al mercado en busca de financiación, pagando los tipos de interés de referencia y, en consecuencia, engordando el déficit público y la deuda del Estado, que están, en ambos casos, entre los más altos de la UE.

Adicionalmente, la subida de los tipos de interés encarecerá la financiación del sector privado y disuadirá la puesta en marcha de proyectos de inversión en lo que se refiere a las empresas. Y en lo que respecta a las familias, elevará intensamente la factura de su hipoteca, un dinero extra que no podrá destinar a aumentar su consumo, deprimiendo la demanda y forzando un repliegue de la actividad.

Otro de los riesgos a la vista es la inflación. Aunque ahora se ha situado en España por debajo del 6 por ciento, los expertos consultados insisten en que esta desaceleración es en gran parte consecuencia de un efecto estadístico, y que de igual manera que estuvo sobrevalorada durante el primer semestre de 2022, cuando llegó a rozar el 10 por ciento, ahora está infravalorada, de manera que podría repuntar durante la primera parte del presente ejercicio.

El hecho de que la inflación subyacente -que descuenta los alimentos sin elaborar y la energía- ya esté por encima de la general marca un suelo rocoso a la inflexión general de los precios, que también tendrá consecuencias evidentes sobre la actividad, perjudicando tanto el consumo como la inversión. Y eso, teniendo en cuenta que España todavía no ha vivido una espiral de precios y salarios, que habría sido letal y habría generado mucha más incertidumbre sobre la evolución de la economía, recuerdan los medios consultados.

El tercer foco de riesgo para el Gobierno son las subidas de impuestos aprobadas a lo largo del año pasado, que han afectado a los autónomos, a las empresas -por medio de la subida de las cotizaciones sociales-, al conjunto de los negocios a través del incremento del Impuesto de Sociedades, a sectores de actividad específicos como las compañías energéticas y las financieras por medio de tributos de nueva generación sobre eléctricas y bancos, así como a las grandes fortunas, penalizadas por otro gravamen ‘imaginativo’ -llamado de solidaridad- para contrarrestar la supresión total o parcial del Impuesto sobre el Patrimonio en todas las autonomías gobernadas por el PP -Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia-.

Todos estos nuevos impuestos están o van a ser recurridos ante los tribunales ordinarios o ante el Tribunal Constitucional, pero la decisión definitiva se dilatará en el tiempo, como sucede habitualmente con los pleitos ante la justicia. Lo que no se extenderán en el tiempo son los efectos que este aumento de la presión fiscal tendrá sobre la actividad económica, deprimiendo la producción, provocando una deslocalización de residentes y de patrimonios hacia destinos menos hostiles o expulsando directamente la inversión extranjera.

La consecuencia de las decisiones arbitrarias adoptadas por el Gobierno de Sánchez serán un aumento de la presión tributaria sobre los ciudadanos y las empresas del país, que ya está por encima de Europa en términos de esfuerzo fiscal -teniendo en cuenta la renta per cápita de España- y que además se produce en el momento más inoportuno posible, justo cuando el Gobierno está registrando la recaudación más alta de la historia por el efecto de la inflación, y ante la negativa a descontar la misma del Impuesto sobre la Renta. De hecho, y hasta noviembre, según los datos publicados por la Agencia Tributaria, el fisco ha ingresado 17.500 millones más que en todo 2021.

La combinación de mayores tipos de interés, una inflación que sigue viva y coleando, así como del aumento de los impuestos, puede complicar el panorama idílico en el que confía el presidente Sánchez y sobre el que, al parecer, quiere volcar su campaña para las próximas elecciones municipales y autonómicas.

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